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Declaración de Jerry White candidato a la presidencia del Partido Socialista por la Igualdad (PSI)
23 Marzo 2012 / Originalmente en WSWS.ORG, una organización socialista
Obama (Der.) y Ehud Barak, prominente político Israelí
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Se acelera bajo el sucesor Democrático de [George Bush] el movimiento hacia el estado policial que comenzó con la presidencia de George W. Bush. El gobierno de Obama se otorga el derecho a matar o encarcelar indefinidamente a cualquiera que el presidente designe de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Obama y sus asesores legales han declarado que ése es un poder absoluto del poder ejecutivo, por encima de tribunales y congresos.
El procurador nacional Eric Holder, defendió la doctrina de asesinatos durante una conferencia el 5 de marzo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Northwestern. En ese discurso describió la supuesta base jurídica que justifico el asesinato del ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki, quien fue incinerado en septiembre en Yemen por un misil disparado por un avión no tripulado de la CIA.
Según Holder, la resolución del Congreso aprobada por el Congreso en el período inmediato después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 otorga al presidente en su función de comandante en jefe, la autoridad de ordenar y mandar tales asesinatos extra-judiciales estatales sólo en base a su opinión personal, sin siquiera el pretexto de aprobación judicial.
Holder sostuvo que el derecho de “proceso debido legal,” garantizado a todos los estadounidenses bajo la Quinta Enmienda de la Constitución, difiere del derecho a un “proceso judicial”; cosa que significa que basta que un Presidente determine que un ciudadano de los EE.UU. merece ser ejecutado, para que éste sea asesinado en cualquier lugar, inclusive dentro de este país sin que eso constituya una violación la Constitución
Los medios de comunicación ignoraron el discurso del procurador. Al día siguiente ni un solo periodista le preguntó a Obama en conferencia de prensa acerca de esta nueva doctrina del derecho presidencial a asesinar. Evidentemente ha habido una erosión extrema en la conciencia democrática de la clase gobernante de Estados Unidos desde el robo de las elecciones presidenciales de 2000, hace 12 años. No existe sección significativa dentro de la elite norteamericana, Demócrata o Republicana, a la que le importe de los derechos democráticos.
La conferencia de Holder ocurrió después que el Presidente Obama emitiera un decreto el 28 de febrero poniendo en vigor las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2011 (NDAA). Esta ley le da al presidente la autoridad de arrestar a cualquier persona en los Estados Unidos, sea o no ciudadana, y encarcelarla por vida, sin ningún proceso judicial.
Aunque supuestamente ese decreto renuncia a la autoridad de imponer cadena perpetua a ciudadanos estadounidenses, eso es simplemente es un fraude cínico por parte del gobierno. La ley puede ser implementado in toto en cualquier momento.
El Presidente ha delegado en Holder la autoridad de tomar decisiones sobre el futuro de cualquier inmigrante no ciudadano que sean detenido bajo sospecha de estar envuelto en la “guerra contra el terror”. Tiene la autoridad de ordenar y mandar que los así arrestados sean puesto bajo custodia militar, sin que ningún juez pueda atender el caso. Alternativamente puede asignarlos a el sistema de justicia civil donde sería enjuiciado por un tribunal federal.
Para colmo, el jueves Obama puso su firma bajo la ley HR 347, que amplía gravemente leyes antidemocráticas existentes contra el derecho a la protesta. La nueva ley impide manifestaciones y desobediencia civil en la Casa Blanca o en cualquier otro lugar que este siendo visitado por el presidente, el vicepresidente y otros funcionarios bajo protección por el Servicio Secreto. Esto incluye a tres de los cuatro restantes candidatos Republicanos a la presidencia: Mitt Romney, Rick Santorum y Newt Gingrich.
Se prohibirían también manifestaciones alrededor las convenciones nacionales Democráticas y Republicanas y alrededor de todos los debates y mítines durante la campaña electoral presidencial, so pena de entre uno y diez años de prisión si se considerara que la manifestación fue “violenta”.
La Cámara de Representantes aprobó esta ley, mal llamada Acta de Restricción y Mejoramiento de Edificios Federales, con 388 votos a favor y sólo tres en contra. El Senado la aprobó sin ningún voto en contra. La prensa estadounidense por lo general ha guardado silencio sobre esta ley, y el sitio de Internet de la Casa Blanca sólo mencionó que el Presidente Obama la había firmado, sin dar ningún detalle más.
Detrás del desmantelamiento de todos esos fundamentales principios democráticos está el aumento de la desigualdad social. La aristocracia de los más acaudalados exige que el gobierno funcione cada vez más abiertamente como instrumento de dictadura de clase. Durante la última década, los ataques a los derechos democráticos han ocurrido bajo el pretexto de ” la lucha contra el terrorismo.” En verdad el objetivo real de métodos masivos de vigilancia, de detenciones sin procesos judiciales, de torturas a manos del estado, y de asesinatos no es un puñado de fundamentalistas islámicos, sino la gran masa del pueblo trabajador.
Es imposible para la élite gobernante imponer democráticamente un programa que de despidos y de destrucción de niveles de vida y de servicios sociales. En cambio ahora nace en los Estados Unidos un “estado de seguridad nacional” que emplea a cientos de miles de policías, espías y matones, respaldados por el poder militar del Pentágono, que a su vez cuenta con más recursos que todas las fuerzas militares del resto del mundo.
El Partido Socialista por la Igualdad invoca vehementemente los trabajadores a lanzar una contraofensiva en defensa de los derechos democráticos, para también cerrar todas las ramas del aparato represor del estado policial, desde el Departamento de Seguridad Nacional hasta el FBI y la CIA, y para derogar al Patriot Act, a la NDAA, a HR 347 y al sin fin de leyes antidemocráticas.
La defensa de la democracia sólo puede ocurrir mediante la movilización masiva de la clase obrera en contra del sistema capitalista. El socialismo necesita de la más amplia extensión de los derechos democráticos, porque, por primera vez en la historia, la gran mayoría de la gente, la clase obrera, controlará al estado.
Esto requiere de la construcción de una democracia genuina, no sólo en la esfera política, sino también en los lugares de trabajo, para que los trabajadores controlen los empleos, las condiciones de trabajo, salarios y beneficios, y también el proceso de producción, para acabar con la dictadura de las grandes empresas.
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