Fernanda Maciel y el Lado Oscuro del Sistema Procesal Penal Chileno


Por la redacción de Página19

Araíz de Fernanda Maciel, la joven embarazada que fue encontrada muerta después de un año y medio de búsqueda, ha surgido una ola de críticas a la fiscal a cargo, sobre todo porque se negó a realizar diligencias claves que podrían haber resuelto el caso hace ya muchos meses, según denuncias los familiares de la víctima.

Las críticas al Ministerio Público (Fiscalía Nacional) no son nuevas y lo que sucede en el caso Maciel no es más que la punta de iceberg de los problemas internos en la Fiscalía y de Carabineros con la PDI. Lo más lamentable, es que este sistema judicial surgió como respuesta a la crisis del viejo sistema de procedimiento penal que consistía en sumarios secretos, expedientes con hilos cosidos a mano, actuarios, etc.

No cabe duda que el nuevo sistema de procedimiento penal ha tenidos sus éxitos, sobre todo con su formato “estrella”: el juicio oral. “Es como en las películas”, dice la gente que ha estado presente en ellos. Se trata de un formato exhibido hasta el hartazgo por los medios de comunicación. A través de esta sobreexposición de juicios orales, sobre todo a través de la televisión, se hace creer a la ciudadanía que el combate contra el delito es exitoso.

Sin embargo, detrás de la cuidada puesta en escena de estos juicios públicos, se esconden cifras vergonzosas para la Fiscalía Nacional. Es una montaña de causas sin investigar, archivadas, sin que se haya hecho por ellas esfuerzo alguno por esclarecerlas.

Los datos son indesmentibles: Según las propias estadísticas del Ministerio Público, el año  2018, este organismo registró 1.639.921 causas penales ingresadas. De ellas el 49,44 % fueron archivadas; el 37,04% tuvieron salidas alternativas (cierre condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios, etc) y sólo el 13,52% tuvieron sentencias condenatorias.

Es decir, la mitad de las causas ingresadas fueron a parar a la bodega del Poder Judicial. En poco más de un tercio se llegó a acuerdo sin que hubiera juicio, y apenas un 13 % tuvo condena.

Acentúa esta sensación de impunidad el hecho de que apenas el 1,59 % de las causas fueron desarchivadas a petición de las víctimas, de las cuales sólo se investigó la mitad de ellas y el resto se volvió a archivar.

¿Por qué pasa esto?

Sólo hay 709 fiscales en todo Chile para atender 1,6 millones de causas al año. El total ingresado pareciera ser enorme, pero si se divide por la cantidad de fiscales arroja un promedio de 2.313 causas por fiscal, lo que es considerado excesivo por estos funcionarios públicos, quienes señalan que no dan abasto para responder a los requerimientos de justicia por parte de la ciudadanía.

Esta denuncia por sobrecarga de trabajo la han tenido los fiscales desde hace años. Por esta razón, un Fiscal Nacional se acercó a una influyente figura política de la entonces Concertación para plantearle una “solución” a este problema.

En síntesis, la propuesta fue la siguiente: No es posible atender todas las causas. Entonces hay que distinguir (frase indetitoria de los abogados). Para ello, se deben definir entre los delitos de mayor conmoción pública y los delitos ordinarios. Entre los primeros quedaron cinco: homicidios, violaciones, tráfico de drogas, pedofilia y femicidios. Estos tendría prioridad y la Fiscalía Nacional se comprometía a investigar, llegar a juicio oral y conseguir condena para los culpables.

Para el resto de los delitos, la Fiscalía Nacional pedía  apoyo, “piso político”, para dejar las investigaciones de lado, archivarlas sin investigar. Es decir, que las autoridades políticas y del Gobierno de ese entonces defendieran a los fiscales cuando la ciudadanía los criticara por no investigar cada causa. En castellano, el Gobierno (ya sea ministro, subsecretario, intendente, gobernador, etc.) debían contener los reclamos de todos aquellos chilenos y chilenas que, por ejemplo, habían sufrido un asalto sin homicidio, o le robaron el auto (llamado ahora “portonazo”), o una bicicleta, o el celular y que exigían que se investigaran sus casos.

A cambio de eso, los fiscales exhibirían cifras exitosas en condenas de los cinco delitos considerados más graves, lo que les serviría a las autoridades para mostrar a la ciudadanía que ellos, como autoridades, estaban combatiendo positivamente la delincuencia, lo que les daría rédito electoral y político.

Las autoridades de la entonces Concertación aceptaron la propuesta de la Fiscalía Nacional.

Y es así entonces que, desde el 2005 hasta el 2018, se han archivado casi 9 millones de causas. Exactamente 8.945.427 causas, lo que ha provocado una indignación creciente entre los chilenos y chilenas.

Apuestan sobre seguro y aún así yerran

Pero, incluso, las “exitosas” cifras prometidas por la Fiscalía Nacional -ofrecían un 90 % de eficiencia- no han sido cumplidas. Los fiscales van a juicio oral cuando el o los imputados tienen posibilidades ciertas de ser condenados. Es decir, cuentan con pruebas más o menos certeras, informes balísticos, ADN, testimonios incriminatorios, videos, wasap, conversaciones telefónicas interceptadas, etc.. Y aún así yerran, pues según sus propias estadísticas, tras ir a juicio oral, sólo el 71 ,4% de estos juicios terminan con sentencia condenatoria.

Fiscales inexpertos

Otro elemento que contribuye a la falta de éxito de las pesquisas judiciales es la falta de experiencia de los fiscales locales. En general, se trata de jóvenes recién egresados de las escuelas de Derecho, con poca o nula “experiencia de calle”. Entonces, se ven abrumados por la cantidad de trabajo y faltos de empoderamiento frente a las policías. Un viejo policía comenta que “estos cabros creen que se las saben todas, porque han estudiado mucho o tienen un magister en criminología. Pero somos nosotros los que le vemos la cara a los delincuentes en la calle y conocemos la realidad”. Es lo que parece haber pasado en el caso de Fernanda Maciel. Los familiares denuncian que la PDI pidió ingresar con una retroexcavadora a la bodega donde se sospechaba estaba el cuerpo de la joven. Pero la fiscal no accedió por estimar que no había certeza de que la víctima estuviera en ese lugar.

Carabineros versus PDI, una vieja pelea

Para enredar aún más el éxito de las pesquisas, en el trabajo investigativo, la disputa entre ambas policías es de larga data. Ya peleaban antes de la reforma procesal penal. Es de antología y está entre las leyendas urbanas un enfrentamiento a tiros entre detectives y carabineros, en Estación Central, peleándose un procedimiento y la detención de unos asaltantes, en 1992. En esa reyerta, un detective resultó herido a bala, en medio de una  balacera a plena luz del día y ante decenas de transeúntes en las calles. En abril del 2012, un carabinero resultó muerto por funcionarios de la PDI mientras perseguían unos delincuentes en la comuna de San Joaquín. En marzo del 2015, efectivos de la PDI y de Carabineros se trenzaron en una trifulca en Lampa mientras intentaban detener una camioneta robada.

En el plano judicial, este celo profesional ha llevado a que cada policía ha llegado a identificar culpables distintos. El caso más  emblemático de esta pelea ha sido el asesinato del joven Jorge Matute Johns. Mientras Carabineros involucraba a figuras políticas en su muerte, la PDI inculpaba a personas dentro de la discoteca “La Cucaracha”.

¿Por qué pelean las policías? Por plata. Si se muestran eficaces en el combate al delito, están en condiciones de pedirle más recursos al Gobierno de turno. Por eso se pelean los procedimientos. Mientras más delincuentes detenidos, más casos aclarados, habrá más patrullas, más armas, mejores sueldos.

Hoy, en el caso de Fernanda Maciel, ambas instituciones “se esconden la pelota”. Investigan por separado y no le informan al otro. Entonces, los testigos son interrogados dos veces, las pericias se hacen dos veces y así, lo que entorpece y hasta anula el trabajo investigativo. Y si a eso se suma una fiscal sin experiencia, tenemos que el esclarecimiento del caso que podía haberse hecho a los dos meses, sólo se logra un año y medio después.

Todo esto es lo que está detrás del caso Maciel, que desnuda las falencias del sistema procesal penal chileno.

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