Pero la indignación es totalmente justificada.

Lagarde fue declarada culpable por haber actuado con negligencia al no apelar, siendo ministra de Finanzas de Sarkozy, el arbitraje (fraudulento) que permitió a Bernard Tapie embolsarse más de 400 millones de euros a expensas de los dineros públicos. Pero fue eximida con los fundamentos de que Ch. Lagarde “ejerció sus funciones de Ministro de Finanzas en el contexto de la crisis financiera mundial” y que “su reputación nacional e internacional deben tenerse igualmente en cuenta en su favor”.

Traducido al lenguaje común: en tiempos de crisis los ricos tienen carta blanca para estafar y robar al erario público (agregamos nosotros: y a los que se ganan el sustento trabajando) y la garantía de que serán cubiertos por las instituciones del Estado, incluidos los tribunales de justicia, salvo raras excepciones. Garantía que se extiende a los tiempos de bonanza económica.

El tema de la impunidad con que actúan los dueños del poder económico y sus servidores no es de ayer.

Tampoco es de ayer la preocupación por reparar la injusticia que significa la desigual distribución de las riquezas hasta provocar situaciones de hambre y miseria y por sancionar a los responsables, preocupación que existe desde la más remota antigüedad.

En el año 386 antes de Cristo, los comerciantes de trigo de Atenas que habían comprado a los importadores una cantidad superior a la autorizada, con el fin de acaparar granos, fueron sometidos a proceso. Lisias, alegando ante el tribunal, pidió para ellos la pena de muerte, diciendo: “¿Cuándo obtienen más beneficios? Cuando el anuncio de un desastre les permite vender caro… Ellos se apoderan del trigo en los momentos en que hace más falta y se niegan a venderlo a fin de que no discutamos el precio”…[1] .

Más modernamente estas cuestiones siguieron interesando a los especialistas: en el Primer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Delito, celebrado en Londres en 1872, figuró el tema “medios de reprimir a los capitalistas delincuentes” (sic).

Contemporáneamente se visualiza a las grandes sociedades transnacionales como el núcleo duro del poder económico que, con total impunidad, viola los derechos políticos, sociales y culturales con la complicidad de las elites políticas y las instituciones nacionales e internacionales a su servicio (FMI, OMC, Naciones Unidas, etc.)

El jurista y criminólogo español López-Rey y Arrojo decía, por su parte: « Mientras que al delincuente contra la propiedad suele considerárselo un marginado y como un problema individual frente al orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por otra parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a grupos socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino aceptados o tolerados » [2].

De esta manera, la estadística criminal da una imagen totalmente distorsionada de la realidad, pues en ella aparecen los pequeños delincuentes que llenan las prisiones pero omite a los grandes delincuentes que continúan al frente de grandes sociedades y consorcios financieros u ocupando importantes cargos públicos.

Alessandro Baratta, eminente jurista y sociólogo italiano escribió:

[1] Lisia, Orazioni, Frammenti, XXII (Contro i mercanti di grano), Biblioteca Universale Rizzoli; Bergamo, Italia, 1995, pág. 225.

[2] López- Rey y Arrojo, Criminalidad y abuso de poder, Edit. Tecnos, Madrid.

[3] Baratta, Alessandro, Criminologie critique et critique du droit pénal, introduction à la sociolgie juridico-pénale Cahier Nº 14, Ecole de criminologie de l’Université de Montréal, 1983, págs. 207 y 208. Edición en español : Criminología crítica y crítica del derecho penal, Edit. Siglo XXI, México, 1986.